Artículo original : https://www.medias-presse.info/sous-linfluence-de-la-franc-maconnerie-lequateur-legalise-leuthanasie/186056/

por Joaquim De Alburquerque, 10 de febrero de 2024, Traducido por Elisa Hernández

Una vez más, el poder judicial de un país latinoamericano ha usurpado las funciones del poder legislativo y, de acuerdo con el plan de la masonería y del Nuevo Orden Mundial, ha declarado legal un crimen contra la vida.

Los días de García Moreno han quedado atrás

Paola Roldán, una mujer de 42 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha conseguido que se legalice la eutanasia en Ecuador gracias a una sentencia dictada el pasado miércoles por el Tribunal Constitucional. La sentencia reconoce el «derecho a una muerte digna». Los días de García Moreno han quedado atrás.

El más alto tribunal de Ecuador ha declarado parcialmente inconstitucional el artículo 144 del código penal, que castiga con penas de diez a trece años de prisión a «quien mate a otra persona», alegando «constitucionalidad condicionada».

Por siete votos de los nueve jueces, el Tribunal dictaminó que la eutanasia será legal siempre que un médico acepte la petición de eutanasia activa de un paciente de forma libre, informada e inequívoca, debido a un sufrimiento intenso causado por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable.

La sentencia también revocó el artículo 90 del Código de Deontología Médica, que establece que «el médico no está autorizado a acortar la vida del paciente» y que «su misión fundamental contra ‘una enfermedad incurable estará asegurada por los recursos terapéuticos’».

Para que Paola Roldán pueda acceder a la eutanasia, el Tribunal Constitucional ha ordenado que se elabore una ley que regule el procedimiento, tarea que corresponderá a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional. El Ministerio de Salud Pública está elaborando el reglamento.

La Oficina del Defensor del Pueblo dispondrá de un máximo de seis meses para elaborar el borrador, por lo que el ministro tendrá que preparar el reglamento en dos meses. Por su parte, la Asamblea dispondrá de un año desde la presentación de la iniciativa legislativa para debatir y redactar el cuerpo normativo.

Jueces al servicio de una política mortífera

Esta decisión se une a otras de naturaleza similar de los Tribunales Supremos y Constitucionales de países latinoamericanos. Los dos últimos casos se produjeron en Colombia y México.