Artículo original : https://lesalonbeige.fr/dire-que-lavortement-est-une-liberte-est-absurde-car-livg-nest-pas-une-faculte-naturelle-de-la-personne/

Por Michel Janva el 19 de enero de 2024, Traducido por Elisa Hernández

Columna de opinión de Grégor Puppinck, Director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, publicada en Valeurs Actuelles:

Es evidente que el Gobierno no sabe lo que es la libertad ni lo que la distingue de un derecho.

Después de muchas vacilaciones, propone añadir a la Constitución una frase enrevesada según la cual:

«la ley determinará las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada de la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo».

Tal frase, si se compara con la calidad jurídica de la Constitución, es sintomática de una forma de decadencia. En primer lugar, en cuanto a su finalidad, porque el aborto no tiene cabida en una Constitución. En segundo lugar, en cuanto a su expresión, porque hablar de «libertad garantizada» es redundante. Es más, toda la frase es redundante porque no añade nada a lo que ya existe, a saber, que la ley organiza el acceso al aborto.

La única novedad consiste en consagrar en la Constitución que el aborto es una «libertad». Pero también en este caso se trata de un abuso de derecho.

Merece la pena recordar brevemente qué son una «libertad» y un «derecho», y por qué estos conceptos esenciales no pueden aplicarse al aborto.

Una «libertad» es una facultad humana natural que el Estado se compromete a respetar porque considera que esa facultad es buena. Algunos ejemplos son las libertades de expresión, de pensamiento, de movimiento y de empresa. Toda persona posee naturalmente estas facultades, y lo único que pedimos al Estado es que no obstaculice su ejercicio, que garantice su libre ejercicio sin perjudicar a los demás.

No puede decirse lo mismo de un «derecho». Un derecho no es una facultad natural del individuo, sino una cosa, un bien que puede reclamarse a los demás y, en última instancia, al Estado en nombre de la justicia. A diferencia de la libertad, un derecho presupone una relación con un tercero y consiste en una obligación de uno hacia el otro. Huelga decir que nadie tiene derecho a abortar en relación con un tercero. A nivel colectivo, la situación es ligeramente diferente, porque la garantía de un derecho responde a una necesidad fundamental del individuo que éste no puede satisfacer totalmente por sí mismo y que, por tanto, requiere la intervención de la sociedad. Algunos ejemplos son la necesidad de educación, salud o seguridad. Estas necesidades/derechos sociales se derivan de la razón de ser del Estado, que es garantizar la continuidad de la sociedad. En este sentido, un derecho es lo contrario de una libertad, porque requiere la acción de un tercero y, en última instancia, del Estado.

Decir que el aborto es una libertad, como propone el gobierno, es por tanto absurdo, porque el aborto no es un derecho humano natural. Es tanto más absurdo cuanto que el aborto es en realidad el resultado de diversas restricciones; no es un acto «libre».

En cambio, el aborto podría entrar en la categoría de «derecho» si consideráramos que poder abortar es un derecho, una exigencia de justicia. Esto presupondría o bien que el aborto corrige una injusticia entre dos personas – lo que obviamente no es el caso – o bien que la sociedad considera que el aborto es una necesidad humana fundamental, del mismo modo que la educación o la sanidad. Esta es la postura de la izquierda. Pero eso presupone que el aborto es un bien en sí mismo, del mismo modo que la salud o la seguridad. Pero está claro que no es así; la prueba es que nadie aborta por placer.

De hecho, el aborto es un mal que no deseamos a nadie y, como tal, no puede ser ni una libertad ni un derecho. Así, según la ley Veil, el aborto sólo se tolera en determinadas circunstancias, como un mal menor.

Un mal menor siempre se expresa en la ley como una excepción a un principio, en este caso el respeto a la vida y la dignidad humanas, pero nunca como un derecho o una libertad en sí mismo; e incluso entonces, este «mal menor» debe permitir preservar un bien tan grande como el mal al que se consiente, a saber, la vida de la madre.

No se puede hacer que la ley diga cualquier cosa. Un mal, incluso uno considerado necesario, no puede ser un derecho o una libertad, sino sólo una excepción. El legislador haría bien en recordar esto. Por eso el gobierno y el Parlamento se han empantanado tratando de encontrar una formulación. La ley obedece a su propia racionalidad, que es la de la justicia. El trabajo del legislador es servir a la justicia, no utilizarla con fines políticos.

Si los legisladores quisieran realmente hacer el bien, mirarían las estadísticas del aborto en Francia y en Europa. Verían que Francia es la excepción, con el doble de abortos que Alemania, todo se ha dicho. Que las tasas de aborto descienden en otros países y siguen aumentando en Francia. Si los legisladores quisieran realmente hacer el bien, aplicarían una política de prevención del aborto.