Artículo original : https://www.medias-presse.info/pologne-tusk-veut-legaliser-lavortement-mais-ses-partenaires-refusent/185371/

por Léo Kersauzie – 26 de enero de 2024, Traducido por Elisa Hernández

La Coalición Cívica (KO) del primer ministro polaco, Donald Tusk, ha presentado al Parlamento un proyecto de ley que legalizaría todos los abortos hasta la duodécima semana de embarazo. Tusk ha reconocido que los socios más conservadores de su coalición se oponen al proyecto de ley, lo que podría provocar su fracaso. Además, el presidente Duda podría hacer uso de su derecho de veto y el Tribunal Constitucional podría declarar el proyecto de ley incompatible con la Carta Magna.

De aprobarse, la legislación no sólo anularía la prohibición casi total del aborto introducida bajo el anterior gobierno de Ley y Justicia (PiS).

Sin embargo, Tusk admitió que sus socios de coalición más conservadores no apoyaban el proyecto de ley. Marek Sawicki, líder de Trzecia Droga, se opone claramente.

Incluso si se aprueba, el proyecto de ley podría ser vetado por el presidente Andrzej Duda o rechazado por el Tribunal Constitucional, que ya ha emitido una sentencia que prohíbe prácticamente todos los abortos.

Un proyecto de ley mortal

«Una persona embarazada tiene derecho a recibir atención médica en forma de interrupción del embarazo hasta el final de la duodécima semana de su duración», reza el proyecto de ley presentado ayer por un grupo de diputados del partido de Donald Tusk.

El proyecto de ley también establece que el aborto estaría legalmente permitido después de la semana 12 si el embarazo amenaza la vida o la salud (incluida la salud mental, lo que abre la puerta a todas las interpretaciones) de la madre; si existen «sospechas fundadas» de que el embarazo es el resultado de un delito; o si el feto presenta malformaciones congénitas.

La ley propuesta establecería que los abortos se realizarían por medios quirúrgicos o farmacológicos (es decir, utilizando las llamadas píldoras abortivas). Se proporcionarían gratuitamente a cualquier persona con derecho a asistencia sanitaria financiada por el Estado.

Obligación de ofrecer el aborto

El proyecto también estipula que todos los centros sanitarios que reciban financiación pública para tratar a mujeres embarazadas estarían obligados a ofrecer el aborto. Si un médico invoca la «cláusula de conciencia» para negarse a practicar un aborto, el jefe del departamento tendría que designar a otro médico dispuesto a hacerlo.